WASHINGTON, Estados Unidos.- La Casa Blanca está considerando opciones para maximizar la producción y el suministro mundial de vacunas contra la covid-19 al menor costo, incluyendo el respaldo a una propuesta de exención de los derechos de propiedad intelectual. Aún no se ha tomado ninguna decisión, dijo Jen Psaki, secretaria de prensa del gobierno de Joe Biden.

“Hay muchas formas diferentes de hacerlo. En este momento, esa es una de las formas, pero tenemos que evaluar lo que tenga más sentido”, sostuvo Psaki, quien añadió que el gobierno está estudiando si sería más eficaz impulsar la fabricación de las vacunas en Estados Unidos.

La representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, no ha hecho recomendaciones al respecto, y el presidente Biden no ha tomado ninguna decisión, destacó.

Estados Unidos y otros países poderosos han venido bloqueando las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre una propuesta liderada por India y Sudáfrica, de una exención de los derechos de propiedad intelectual de las farmacéuticas para permitir a los países en desarrollo producir vacunas contra la covid-19.

Legisladores y grupos sin fines de lucro están presionando al gobierno de Biden para que respalde la exención temporal de las patentes con el fin de ayudar a los países pobres.

El reclamo es parte de una campaña mundial para que se liberen las patentes de las vacunas contra el coronavirus, y está impulsado por organizaciones sociales y científicas de todo el mundo, que se unieron para exigir que las farmacéuticas más poderosas no concentren la producción y permitan que otros laboratorios puedan hacerlo para garantizar la disponibilidad de vacunas para todos los países por igual.

La iniciativa fue rechazada en marzo por la OMC, en marzo, pero el pedido fue sumando adhesiones, y ahora cuenta con el apoyo de unos 100 países y centenares de organizaciones humanitarias y de promocón de los derechos humanos, entre las cuales están Amnistía Internacional y Médicos Sin Fronteras.

En Argentina, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impulsan el pedido.

Los críticos afirman que una renuncia a ciertos aspectos de la propiedad intelectual podría reducir la seguridad de las vacunas, y que el establecimiento de la producción en nuevos lugares mermaría los recursos necesarios para impulsar la fabricación en los lugares existentes.

Tai discutió el lunes el tema con Pfizer y AstraZeneca PLC, y señaló su interés en una solución que dé a los países en desarrollo un papel en la búsqueda de soluciones para las deficiencias críticas en la producción y distribución de vacunas. (Reuters)